La directora general de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, Manuela Fernández Martín, ha asegurado hoy que “existe una postura de acoso y derribo contra el Gobierno andaluz porque estamos gobernando en resistencia y dando aire a otras redes ciudadanas de otras comunidades autónomas y países”.
Fernández Martín ha realizado estas manifestaciones en relación al recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, durante el curso “Democracia participativa y poder local: La construcción de las leyes de participación ciudadana. Transparencia y autonomía local (2007-2013)”, que se ha inaugurado hoy en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona.
En un contexto de crisis económica como la actual, la directora general considera que no se están respetando los derechos de la ciudadanía, produciéndose un importante retroceso. “Estamos viviendo un cambio del modelo de Estado, de los servicios públicos sanitarios, sociales… que incide de forma directa en los derechos históricamente conquistados por los ciudadanos, como el trabajo, la vivienda, la salud, la educación o la participación”.
Para evitar que esto ocurra, Manuela Fernández reconoce que las posibilidades de actuación de los ciudadanos están muy limitadas más allá de los procesos electorales, pero anima a buscar nuevos espacios de participación, construyéndolos y conquistándolos. Para ello, “cada persona tiene que buscar sus huecos de acción, que pueden estar en el barrio, en el grupo de amigos, en el AMPA, en el partido político… Se trata de encontrar los espacios donde tengamos la capacidad para poder incidir y nos rebelemos ante la sarta de injusticias que se están produciendo. Una muestra de ello es la plataforma STOP Desahucios, que no es más que una respuesta indignada de los ciudadanos ante este grave problema, que ha desbordado la respuesta de las administraciones públicas frente a las entidades financieras”.
Con respecto a la futura Ley Andaluza de Participación Ciudadana, que espera que esté ultimada para finales de año, la directora general asegura que es una respuesta práctica a lo recogido por el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, que plantean la participación de la ciudadanía como un derecho fundamental. Según ha explicado, esto significa que los ciudadanos puedan tomar parte y, a su vez, que la administración establezca diálogos con los ciudadanos para priorizar las políticas públicas. Por ejemplo, “cuando se negocia la política agraria comunitaria se hace de espaldas a la ciudadanía y, la mayoría de las veces, también de espaldas a Andalucía por el nivel de incidencia política de interlocución que podamos tener”.
Según ha comentado, los cauces establecidos para que se produzca la comunicación entre la Administración y los ciudadanos son varios. En primer lugar, la realización de consultas populares, a través del padrón de habitantes, para temas de especial trascendencia de la comunidad autónoma, lo que posibilita la participación de colectivos más amplios como el de los jóvenes a partir de los 16 años o los inmigrantes. Además, los ciudadanos también podrían proponer consultas populares.
Otra de las herramientas, según ha señalado, es la puesta en marcha de presupuestos participativos, en la línea de como ya se venía realizando en el Ayuntamiento de Sevilla. Es decir, “a través de asambleas ciudadanas se prioriza una parte del presupuesto municipal, lo que llamamos consulta popular para la realización de los presupuestos”. Por último, los acuerdos participativos serán otras de las patas de esta ley; ello permitirá que desde la Junta de Andalucía o a instancias de la ciudadanía, se inicie un proceso para la elaboración de un plan, normativa, etc.
