Institucional

Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide realizarán prácticas en el Consejo Económico y Social de Andalucía

La Universidad Pablo de Olavide y el Consejo Económico y Social de Andalucía han renovado el convenio de cooperación educativa que permite a los estudiantes de la UPO hacer prácticas desde 2014

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, y el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), Ángel Gallego Morales, han renovado, en la sede de CES, el convenio de cooperación educativa que permite que estudiantes de la UPO realicen prácticas curriculares externas de naturaleza formativa en dicha institución.

Tras cinco años de colaboración en los que estudiantes de la UPO han desarrollado prácticas en este órgano consultivo del Gobierno de Andalucía en materia económica y social, ambas entidades ratifican de nuevo este convenio cuya finalidad es mejorar la cualificación profesional del alumnado universitario, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para los ejercicios de sus actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

En concreto, durante estos años han realizado prácticas en el CES un total de 18 alumnos de la Universidad Pablo de Olavide fundamentalmente del Grado de Análisis Económico, pero también del Grado de Ciencias Políticas y de la Administración y del doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración.

Estas prácticas curriculares en el Consejo Económico y Social de Andalucía serán gestionadas a través de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, entidad que tiene el encargo de la Universidad para gestionar este servicio. Concretamente, la gestión se realizará a través del Área de Prácticas en Empresas, que es el departamento encargado de las prácticas externas curriculares y extracurriculares de los alumnos de la UPO.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, que sirve de canal de diálogo permanente entre la sociedad civil organizada y el gobierno autonómico.