En el día de ayer los rectores y rectoras de las universidades públicas de Andalucía tuvimos conocimiento de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los anteproyectos de ley para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas que pronto pasarán, por lo tanto, a formar parte del Sistema Universitario Andaluz. Cabe recordar que estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del CAU en la que procedía emitir informe previo. Este rechazo no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería. De hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos.
Este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, despierta una gran inquietud entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público
que nos corresponde.
En este sentido, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas queremos expresar, una vez más, nuestra convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma.
