María Izquierdo Rojo, quien fuera diputada en las Cortes constituyentes y secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas entre 1982 y 1987, defiende una mejor regulación de los límites competenciales “que evitará los frecuentes litigios” al tiempo que dotar al Estado de una estructura federal que, al menos en teoría, “podría satisfacer la demanda de autogobierno de algunas comunidades y, a la vez, es garantía de unidad del conjunto y respeto a la diversidad de cada entidad autónoma federada”. Sobre la cuestión catalana en concreto, la ex secretaria federal de Autonomía del PSOE considera que “quizá fuera más fácil dar respuesta a esta crisis con acuerdos sobre políticas específicas y canales de diálogo operativos que mejoren y consoliden unas nuevas relaciones”.
Izquierdo ha hecho estas declaraciones en el ámbito del curso ‘Los desafíos a la Constitución del 78: reformas y continuidad. In memoriam a Rosario Valpuesta’, que se ha inaugurado en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona dentro de la programación de la XVI edición de los Cursos de Verano de la UPO. El seminario se desarrolla hasta el miércoles bajo la dirección de los profesores Vicente Guzmán, catedrático de Derecho Procesal y rector de la UPO; María José Fariñas, catedrática de Filosofía y Sociología del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; y Gumersindo Caballero, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la UPO.
La profesora de la Universidad de Granada, actual directora del Instituto para la Democracia y la Ciudadanía, ha participado en una mesa redonda sobre ‘Las mujeres constituyentes’ junto a Ana María Ruiz Tagle, ex diputada constituyente, abogada y presidenta de la Asociación Rosario Valpuesta; y Maribel Montaño, directora técnica de Cultura del Ayuntamiento de Carmona. A juicio de María Izquierdo, la Constitución española de 1978 ha permitido alcanzar “las mayores cotas de paz, bienestar y progreso de nuestra historia”, pero las “nuevas realidades sociales nos llevan a la necesidad de abordar su actualización y reforma, su desarrollo para una aplicación efectiva y eficaz en el mundo actual”.
Así, el debate sobre la necesidad de reformar el texto constitucional “ya hace tiempo que se ha abierto” y el partido ahora en el gobierno “tiene propuestas acertadas para la organización territorial, como la Resolución de Granada”. No obstante, a pesar de la voluntad y la disposición de algunos partidos, Izquierdo cree que “aún faltan condiciones políticas, sosiego y seguridad parlamentaria para que cristalicen propuestas de pactos, consensos y acuerdos amplios y estables”, ya que las reformas constitucionales “no deben hacerse en un clima de tensiones o de agitación reivindicativa”, subraya.
No obstante, señala que la Constitución debe reflejar aspectos de la España actual que no están presentes en el texto del 78, “como la integración en la Unión Europea, las comunidades autónomas constituidas, los mecanismos de coordinación y cooperación del Estado, la igualdad de género o la transparencia para regenerar la democracia”, enumera quien fuera consejera preautonómica de la Junta de Andalucía y eurodiputada durante 15 años, desde 1989 hasta 2004. Asimismo, defiende dotar de una “dimensión social” los derechos fundamentales de las personas, “profundizar y fortalecer el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen”. Aunque España se define como un Estado social y democrático de Derecho, no se garantiza que lleguen a los ciudadanos “en unos mínimos vitales de dignidad, como han evidenciado los años de crisis” en casos del “derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda o al acceso en igualdad al mercado de trabajo”.
Por otro lado, María Izquierdo ve preciso “transitar desde la no confesionalidad a la laicidad del Estado, incrementar las garantías constitucionales de las personas con discapacidad, reconocer aspectos ya asumidos por la ciudadanía como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de los derechos de los colectivos LGTBI o avanzar en los vinculados a la protección del medio ambiente en el contexto del cambio climático”, además de “solventar anacronismos” que figuran en el texto constitucional, como los relacionados con la pena de muerte o el derecho y el deber de defender a España.
