José Miguel Martín Rodríguez y José Manuel Macarro Osuna, profesores de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide, han llevado a cabo recientemente dos estudios que analizan las consecuencias jurídicas de la COVID-19. Las investigaciones, tituladas ‘Medidas fiscales en España frente a la crisis del COVID-19. Respuesta inmediata a los problemas de liquidez y propuestas para garantizar la sostenibilidad en el medio y largo plazo’, y ‘Fiscalidad Internacional en tiempo de pandemia’, se han desarrollado en el seno del Proyecto FEDER-UPO Retos actuales de la tributación Indirecta en España y Europa, financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y dirigido por el catedrático de la UPO Jesús Ramos Prieto. Los estudios han sido publicados por la prestigiosa editorial Wolters Kluwer dentro de la obra monográfica ‘Retos jurídicos ante la crisis del COVID-19’.
“A nadie escapa que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha supuesto un shock sin precedentes para la economía mundial, golpeando con especial crudeza a nuestro país por la concurrencia de varios factores (alto nivel de contagios, gran peso del turismo en el PIB, déficit y deuda pública previos ya elevados, altas tasas de desempleo estructural, gran temporalidad, etc.)”, explican los autores, que advierten que el esfuerzo histórico al que se ha comprometido la UE puede amortiguar el golpe inicial para las finanzas públicas, pero debe ir en paralelo a la adopción de reformas ambiciosas en la vertiente de los ingresos tributarios que garanticen la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar en el medio y largo plazo.
Al margen de sugerir algunas medidas que pueden aliviar la economía de las familias en el corto plazo (como una reducción en los tipos de retención en el IRPF), los investigadores centran su análisis en argumentar cómo la única alternativa real para alcanzar este equilibrio sostenido es una profunda revisión y actualización del sistema de fiscalidad indirecta. “De hecho, España se sitúa a la cola de la UE en recaudación de los principales impuestos sobre el consumo”, subrayan.
En el primer estudio, José Miguel Martín aprecia la ocasión histórica para que la ciudadanía entienda y acepte la actualización de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, consumos nocivos que contribuyen a la saturación de los servicios sanitarios. “Por supuesto, es necesario un compromiso real de que los frutos de este incremento reforzarán nuestro maltrecho sistema sanitario. El contexto actual de IPC negativo (-0,5% hasta agosto), invita particularmente a adoptar estas medidas cuanto antes, pues evitaría que parte del incremento recaudatorio se pierda por emplearse como índice para actualizar valores como las pensiones, los sueldos públicos, etc.”, explica. Asimismo, subraya que la medida más urgente es realizar una revisión en profundidad de los tipos de IVA que incremente su capacidad recaudatoria. “No en vano nuestro tipo efectivo es el más bajo de toda la UE, apenas un 8,5% (a pesar de que el tipo general de IVA es del 21%)”, apostilla.
El investigador de la UPO advierte que los tipos superreducidos y reducidos del IVA (del 4 y del 10% respectivamente) se han empleado con una pretendida finalidad redistributiva totalmente ineficiente, extremo que no ha hecho sino confirmar posteriormente la propia AIREF (Spending Review 2019/2020 sobre beneficios fiscales). “Podría compararse la pérdida de ingresos que supone para el Estado la aplicación de estos tipos reducidos con el lanzamiento de caramelos en una cabalgata, de manera indiscriminada. No solo eso, dado que los niveles más elevados de renta consumen más, estos son los principales destinatarios de este beneficio fiscal, que pierde por tanto cualquier capacidad redistributiva”, apunta.
Según explican los autores, este estudio desmonta de forma detallada los argumentos de la corriente de pensamiento que bloquea cualquier alza de los impuestos indirectos tachándolos de regresivos. Reconocen que la fiscalidad indirecta genera un ligero efecto regresivo dado que los grupos de menos ingresos dedican más proporción de su renta al consumo pero advierten, sin embargo, que el verdadero peso de corregir las desigualdades de renta en nuestro sistema recae sobre las prestaciones públicas y no sobre la inevitablemente limitada progresividad del sistema tributario.
Por último, el profesor Martín Rodríguez aclara en el estudio que el análisis de la dicotomía progresividad-regresividad debe realizarse en un sentido amplio, abarcando no solo la vertiente de los ingresos tributarios, sino también la de los gastos públicos. Un impuesto inevitablemente regresivo en la vertiente del ingreso puede generar un efecto progresivo con carácter global si, en la práctica, las rentas más bajas son las principales destinatarias de su recaudación. “Un claro ejemplo es la aprobación del denominado ingreso mínimo vital: la verdadera progresividad es dotar a esta herramienta de una financiación sostenida, estructural y estable que, en estos momentos, solo puede garantizarse con la actualización de la fiscalidad indirecta, especialmente del IVA”, destaca.
Por su parte, el profesor Macarro Osuna pone el énfasis en la necesidad de la coordinación internacional de las medidas tributarias adoptadas por los distintos países. El levantamiento temporal de la prohibición de ayudas de Estado en la Unión Europea tiene el objetivo de que los Estados miembros puedan proporcionar ayudas temporales a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Sin embargo, advierte que “no debemos permitir que la disparidad de normas tributarias y de beneficios fiscales adoptados para luchar contra la pandemia llegue a afectar al level playing field que debe regir en el mercado interior de la UE”. La diferente posición presupuestaria de la que parten los distintos países, derivada del mayor o menos cumplimiento de sus objetivos de deuda en los años anteriores, puede provocar importantes diferencias en la capacidad de implementar estas ayudas. El autor recomienda que la Comisión Europea module esta prohibición, garantizando su efectiva temporalidad y, sobre todo, que no introduzca mayores distorsiones de competitividad y de neutralidad fiscal.
El investigador también trata las posibles controversias a nivel internacional en la aplicación de los convenios de doble imposición derivadas de la pandemia. “Muchas administraciones tributarias, entre ellas la española, están aplicando las reglas de residencia fiscal a las personas que quedaron atrapadas en su país durante el confinamiento, lo que puede provocar graves problemas de doble imposición”, manifiesta con preocupación el profesor Macarro. El hecho de que algunos de los principales impuestos directos construyan la sujeción en función de criterios de permanencia territorial podría generar, por ejemplo, que trabajadores residentes fiscales en otros Estados que hubieran permanecido en España más de 183 días debido al confinamiento tuvieran que pagar IRPF pese a que sus países de residencia les exijan su propio impuesto sobre la renta. También resulta preocupante que la presencia de estos trabajadores pueda suponer la creación de establecimientos permanente para sociedades en otros Estados o, incluso, una modificación de la residencia fiscal de las empresas. El autor exige una coordinación a nivel internacional en la línea de las reglas impulsadas por el Secretariado de la OCDE para evitar que la pandemia se traduzca en conflictos tributarios adicionales.
