La Universidad Pablo de Olavide y la Fundación FACUA crearon en 2018 la Cátedra de Derecho de Consumo. Un proyecto ideado con el objetivo de aunar esfuerzos en la divulgación, la investigación y la formación sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias. La cátedra está dirigida por el profesor Francisco Infante y por Francisco Oliva, rector de la UPO, ambos del área de Derecho Civil y expertos en Derecho de Consumo, además de directores del Máster Universitario en Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil.
¿Cuál considera que es el principal valor de la cátedra de Derecho de Consumo?
Hay varios valores que promueve la Cátedra, pero si tuviera que destacar uno por encima de todos, apostaría por la educación en derechos de los consumidores, el cual está estrechamente conectado con la divulgación. Se trata de un derecho básico considerado por la ley, pero del que existen escasas actuaciones eficaces que lo promuevan. Sin una educación efectiva en materia de protección de consumidores poco se puede hacer en otros ámbitos para la defensa de un colectivo en el que nos encontramos, no se olvide, todas y todos.
¿Cómo es la colaboración con la Fundación FACUA? ¿Cuál es la aportación de cada entidad?
Es una colaboración muy fructífera y casi simbiótica, diría yo. Desde la Universidad aportamos la visión académica y la investigación en Derecho de consumo y la Fundación FACUA su experiencia en la defensa diaria de los consumidores. Muchas actividades de la Cátedra se enmarcan en el Máster oficial en Derecho de Contratación y Responsabilidad Civil, de modo que el impacto social, en relación con un grupo de futuros profesionales jurídicos, está garantizado. En definitiva, en la Cátedra UPO-Fundación FACUA colaboran para el mismo fin dos grupos que se caracterizan por un intenso activismo jurídico para la defensa de los consumidores. Como siempre digo, uno no puede tratar el Derecho de consumidores sin atesorar buenas dosis de activismo jurídico.
Desde su creación en 2018 la Cátedra ha organizado varias jornadas y seminarios e incluso ha colaborado en un congreso internacional dedicado a los contratos de servicios ¿Qué balance hace hasta el momento de las actividades llevadas a cabo?
El balance es muy positivo y muestra un objetivo primordial que marcamos los fundadores de la Cátedra desde el inicio: acercar la Universidad a la sociedad. También hemos conseguido, en parte, una transferencia del resultado de investigación. Como ejemplo, además del Congreso Internacional, están las jornadas sobre asuntos jurídicos específicos en materia de protección de los consumidores.
En la Cátedra UPO-Fundación FACUA colaboran para el mismo fin dos grupos que se caracterizan por un intenso activismo jurídico para la defensa de los consumidores
Entre los fines de la Cátedra está también la investigación ¿en qué ámbitos puede avanzarse más sobre Derecho de Consumo?
Es falsa la creencia de algunos colegas que entienden que la investigación en Derecho de Consumo ya no tiene recorrido y que sólo hay que centrarse en determinados aspectos para hacer efectiva su defensa, o la de aquellos que entienden que es un ámbito de investigación secundario. Todo lo contrario, existen numerosas materias que merecen ser estudiadas y que abarcan campos importantes del denominado Derecho contractual, en el que, por cierto, estamos todavía funcionando con reglas elaboradas en el siglo XIX. La modernización del Derecho contractual es de imperiosa necesidad en nuestro país, el cual se encuentra a la zaga entre los países de nuestro entorno. De ahí que el Derecho de consumidores sea el que ha permitido cierta evolución en los últimos decenios. A ello se suman el estudio del Derecho sobre los contenidos y servicios digitales o a la responsabilidad civil por el uso de la inteligencia artificial.
¿Cuáles son los próximos proyectos en el marco de la Cátedra?
Varios investigadores e investigadoras del área de Derecho Civil de la UPO, junto otros de la Universidad de Bayreuth (Alemania) y de la Universidad de Viena, trabajamos en el proyecto ‘Derecho Contractual Digital: Una nueva realidad’. DERCON-DIGITAL es un proyecto I+D+i concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación que permitirá una colaboración muy estrecha con la Cátedra en materia de transferencia de resultados. Por otra parte, estamos todavía conformando el programa de actividades para el curso 2021/2022, pero adelanto que trataremos temas de actualidad como la protección del consumidor de energía eléctrica, la del consumidor de contenidos y servicios digitales o la de la víctima del daño causado por la inteligencia artificial, junto con temas siempre recurrentes, como la protección del usuario de servicios bancarios o de telefonía móvil.
En su opinión, ¿estamos como consumidores y usuarios bien informados acerca de nuestros derechos y sobre cómo ejercerlos?
Este es un derecho básico de los consumidores y usuarios según la ley, pero su efectividad es muy pobre, existiendo una alarmante falta de interés por parte de los poderes públicos. Por poner un ejemplo, existen ciertos sectores importantes en los que rige el denominado derecho de desistimiento, esto es, el derecho de apartarse del contrato durante un tiempo de reflexión de 14 días. La mayoría de los consumidores desconoce este derecho, así como que el empresario tiene el deber legal de informar sobre el mismo y facilitar el documento que permita ejercerlo.
El marco jurídico que protege a consumidores y usuarios ¿hasta qué punto es común para los ciudadanos de la UE?
No todas las legislaciones son exactamente iguales en los Estados miembros, pero sí están muy armonizadas, lo que significa que son muy similares. La actividad legislativa de la UE es muy intensa en el Derecho de consumidores: garantía en la adquisición bienes de consumo, garantía en contenidos digitales, responsabilidad por productos defectuosos, crédito al consumo, productos financieros, viajes combinados, etc.
Naciones Unidas promueve el consumo y la producción responsables a través de la Agenda 2030 ¿puede el Derecho Civil sumar para lograr este objetivo?
Indudablemente. La parte sustancial del Derecho de consumidores se integra en el Derecho Civil, por lo que esta tarea también nos corresponde a los civilistas. Los profesores y profesoras de Derecho Civil no sólo debemos educar jurídicamente, sino también preparar futuros egresados y egresadas conscientes, que estén en el mundo y sepan relacionarse con él a través de un consumo y una producción responsables. Los juristas no debemos limitarnos a ser exclusivamente consumidores de normas jurídicas, sino que podemos y debemos ser sujetos protagonistas y transformadores de estas normas en la sociedad en la que vivimos.
¿Por qué es importante para la UPO contar con la Cátedra de Derecho de Consumo?
Es muy importante, porque es el mejor modo de acercar nuestro trabajo, el que se hace en el mundo académico, a la sociedad. Nos permite desarrollar cierto activismo jurídico y no quedarnos anquilosados, como decía antes, en el papel de meros consumidores de normas jurídicas.
