La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide las conclusiones del estudio ‘Las personas con discapacidad en el Sistema Universitario Andaluz’, del que ha destacado que el número total de alumnos y alumnas con discapacidad en las universidades andaluzas solo representa el 1,6% de media.

Por áreas de conocimiento, Ciencias Sociales y Jurídicas es la más solicitada por este alumnado con un 39%, junto con Ciencias de la Salud con un 26%. Por el contrario, Ciencias Exactas ofrece los porcentajes más bajos. En este sentido, Ruiz se ha referido a la “clara desigualdad de oportunidades que supone este hecho por el retraso que conlleva en la incorporación al mercado laboral de estas personas”.

Por otra parte, ha detallado que solo el 20% del alumnado universitario de Grado con discapacidad tiene entre 18 y 21 años. Además, el 37% de este alumnado tiene 30 años o más; en la modalidad de Máster, el rango de edad mayoritario sube a más de 40 años; y el 50% del alumnado con discapacidad cursando Doctorado tiene esa edad. “Por este motivo, es tan importante la labor que desarrollan los servicios de empleo y prácticas de las universidades, para que presten un asesoramiento técnico especializado y una oferta adaptada”, ha subrayado.

Según ha explicado Rocío Ruiz, se trata de un estudio impulsado desde la Consejería con el objetivo de conocer la situación de las personas con discapacidad en los campus andaluces: “Aunque no es el único que se ha llevado a cabo con esta temática, sí que es el primero y pionero en aspectos como su profundidad de análisis, que abarca tanto al alumnado como al personal docente e investigador y al de administración y servicios, como por su amplitud gracias al número de universidades que abarca”.

Asimismo, ha justificado el impulso dado desde su departamento a estudios e informes de este tipo al “deseo, desde el inicio de la legislatura, de vincular nuestras propuestas en políticas sociales al rigor científico con la intención de conseguir la máxima eficacia en la gestión gracias a la justificación y la evaluación”. El artículo 22 de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece algunas de las medidas que las universidades han de poner a disposición de su comunidad. Ahora, gracias al estudio presentado hoy, ha sido posible medir el nivel de inclusión de estas personas en el ámbito universitario. Así, por ejemplo, además de conocer los servicios, el grado de accesibilidad universal de los campus, las investigaciones que se están realizando para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, la adaptación de los planes de estudio o la réplica de buenas prácticas, el informe da a conocer las necesidades de estas personas, las demandas del movimiento asociativo y sus sinergias con las universidades.

Rocío Ruiz ha alabado el trabajo que ya se está desarrollando en las universidades andaluzas en favor de las personas con discapacidad en muchos aspectos. Así, el estudio concluye que las unidades de atención se han convertido en estructuras permanentes ubicadas en vicerrectorados con competencias transversales y plantillas estables. O que los servicios de atención a la discapacidad valoran con 7,4 la accesibilidad de las instalaciones universitarias, así como el hecho de que tengan un protocolo bien establecido para la atención de este tipo de estudiantes e importantes recursos como el estudiante colaborador, el servicio de interpretación de signos, la asistencia personal o la prestación de ayudas técnicas.

La consejera ha estado acompañada por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, quien ha declarado que “debemos escuchar y tomar nota para lograr cambios significativos en la atención a la diversidad, una asignatura esencial y transversal en la que hemos avanzado, pero sobre la que queda mucho camino por recorrer”. Francisco Oliva también ha resaltado cómo “las universidades llevaron a cabo una gran revolución en el siglo XX” destacando que “ya no somos elitistas, por eso nuestro reto actual es llevar a cabo la revolución de la inclusión”. Por ello el rector también ha subrayado en su intervención el compromiso “inquebrantable” de la UPO con las personas con diversidad funcional asegurando que “continuaremos trabajando para conseguir la inclusión real en el ámbito universitario”.

Plan Integral para personas con discapacidad

Finalmente, la consejera ha recordado, entre las medidas llevadas a cabo por su departamento, la próxima puesta en marcha del III Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía hasta 2026, que tendrá una inversión de 180 millones de euros y cuenta con la participación de los distintos agentes sociales. Así como el “acuerdo histórico alcanzado con CERMI” para subir un 6% el coste plaza; las 1912 nuevas plazas de atención a personas en situación de dependencia creadas desde el inicio de la legislatura, de las que 966 han sido destinadas al sector de la discapacidad; y la reciente aprobación en el Parlamento, con el respaldo unánime de todos los grupos, de la Ley de perros de asistencia, que amplía los derechos de las personas con discapacidad para que puedan vivir de forma más independiente.

“Las políticas sociales crean empleo y generan riqueza en nuestra Comunidad. El valor de los servicios sociales durante 2020 ascendió a 3905 millones de euros, lo que supone el 2,5% del PIB andaluz. Y sus más de 105 000 puestos de trabajo son ya el 3,6% de los empleos totales de Andalucía”, ha señalado.

La primera acción tras la conclusión del estudio ‘Las personas con discapacidad en el Sistema Universitario Andaluz’ ya se ha puesto en marcha con la celebración de una mesa de trabajo, tras la presentación, para tratar los retos de futuro y establecer una senda de acciones coordinadas. Todo ello, con la participación de las universidades andaluzas, la Dirección General de Universidades y personal técnico de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

También se hoy se ha celebrado una mesa redonda, moderada por Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía, en la que han intervenido Juan José García Machado, director general de Universidades; María José Parejo Guzmán, profesora titular de Derecho eclesiástico y directora académica de Integración y Diversidad funcional de la UPO; junto a Gabriel García Carrión, alumno usuario del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional que actualmente estudia en la UPO el primer curso del Doble Grado en Geografía e Historia y Relaciones Internaciones.