–  Las desigualdades entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos, son una realidad en nuestro país. ¿Qué papel desempeña la Justicia española para tratar de paliar estas desigualdades?

España es una de las democracias más avanzadas de la Unión Europea y del mundo. Es uno de los países con mayores índices de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea, a casi seis puntos por encima de la media europea.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y avances, aún nos queda camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad de género, para que la igualdad formal ante la ley, reconocida en las leyes en las que se asienta nuestra democracia, se convierta de manera efectiva en igualdad real.

Y la Justicia, entendida como un servicio público para la ciudadanía, debe ser una herramienta de la revolución feminista que está en marcha. La Justicia tiene mucho que aportar en la consecución de la igualdad.

– La Justicia, ¿supone un obstáculo para el acceso de las mujeres a sus derechos?

Todos los poderes públicos tenemos que trabajar intensamente para que esto no sea así: el derecho de acceso de las mujeres a la Justicia es esencial para que puedan ver reconocidos de manera efectiva sus derechos. Por eso, desde el Ministerio de Justicia estamos desarrollando el Plan Justicia 2030 para establecer un nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia que mejore el acceso a la Justicia y refuerce el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía, especialmente de personas vulnerables, víctimas, personas con discapacidad o en contextos de vulnerabilidad social o económica.

Con este gran proyecto de país mejoramos el acceso de las mujeres a la Justicia garantizando su disponibilidad en todo el territorio, incluidas las zonas rurales, mediante la implantación de la Oficina Judicial Municipal en todos los partidos judiciales. Estamos adaptando las sedes judiciales para asegurar su accesibilidad; nos estamos empleando a fondo con las tecnologías de la información y la comunicación de modo seguro para que se sientan confiadas en un sistema de justicia que tiene por finalidad la salvaguarda de sus derechos, por ejemplo, facilitando actuaciones judiciales por videoconferencia. Insisto: redoblamos esfuerzos para que la Justicia sea cercana y amigable, para que las mujeres confíen en la Justicia y denuncien cualquier violación de sus derechos.

– En la actualidad, ¿considera que la Justicia española tiene perspectiva de género?

La Justicia es sensible a las cuestiones de género y trabaja diariamente para ofrecer respuestas con perspectiva de género, para incorporar la perspectiva de género en todos los aspectos del servicio de Justicia.

Es cierto que la Justicia, como cualquier ámbito de la sociedad, está atravesada por los estereotipos y los prejuicios sexistas. El medio para combatirlos es la apuesta decidida por la formación continua y permanente en perspectiva de género, en la que estamos trabajando muy intensamente en el Ministerio de Justicia para todos los operadores jurídicos a través del Centro de Estudios Jurídicos y también en el CGPJ.

– ¿Por qué las mujeres no consiguen llegar de forma paritaria a la cúpula de los máximos órganos judiciales?

Porque los llamados techos de cristal son una realidad, al igual que los suelos pegajosos. Las mujeres son mayoría en la carrera judicial. Las juezas superan en número a los jueces en ingresos en la carrera judicial. Un 54,8% son mujeres, frente al 45,2% de los hombres. Sin embargo, en los órganos centrales de la Judicatura, las magistradas son solamente el 31,4% del total. Para romper ese techo de cristal, las administraciones públicas estamos promoviendo, con distintas medidas, que las mujeres participen plenamente en los procesos de toma de decisiones y en su ejecución en todos los niveles. Aunque España es uno de los primeros países europeos con mayor participación de las mujeres en cargos públicos, debemos seguir avanzando en paridad.

– Mujeres trabajadoras, que realizan de forma mayoritaria las tareas del hogar, asumen el cuidado de los hijos y familiares dependientes… ¿Cuándo llegará la equidad entre hombres y mujeres a este terreno?

Es cierto que las mujeres siguen siendo las principales encargadas de las tareas domésticas y de los cuidados familiares, no solo de los hijos e hijas, sino también de las personas mayores y dependientes. Y esto se ha agravado y evidenciado a causa de la pandemia de la COVID. Según datos del INE, el 40 % de las mujeres destinan tiempo a diario a las tareas domésticas y al cuidado de niños, mayores o dependientes, frente al 28 % de los hombres. Y el 95 % de las personas que optan por trabajar a tiempo parcial por motivo de cuidados son mujeres.

A pesar de las medidas normativas y políticas progresistas que hemos adoptado para promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, como los permisos de paternidad y maternidad igualitarios, la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, el refuerzo en la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación, el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, o la introducción en nuestro ordenamiento del concepto de ‘trabajo de igual valor’, entre otras muchas medidas, los estereotipos de género hacen que persista la desigualdad entre mujeres y hombres en las tareas de cuidados que se sigue atribuyendo mayoritariamente a las mujeres.

Para alcanzar la equidad debemos romper los roles y estereotipos de la sociedad patriarcal. Estereotipos contra los que tenemos que luchar a través de la educación, desde edades tempranas, de niñas y niños, de manera igualitaria. Si no lo hacemos así, seguirán perviviendo en todas las esferas de la sociedad. Ese es el gran reto del siglo XXI: llevar la democracia al interior de los hogares, la corresponsabilidad, la igualdad entre los miembros de la pareja en el reparto equitativo de los cuidados.

Desde el Ministerio de Justicia contribuimos a ello, potenciando y favoreciendo el uso de los medios electrónicos. Elementos como el expediente judicial electrónico, las vistas telemáticas, las oficinas judiciales municipales en pequeños pueblos, permitirán conciliar a los profesionales del sector justicia.

– La violencia de género o los abusos sexuales son dos problemas que afectan especialmente a las mujeres. ¿Protege la Justicia de manera efectiva a las mujeres que han sufrido y sufren este tipo de violencia?

A las mujeres tenemos que transmitirles confianza en la Justicia porque España es un país referente en la lucha contra la violencia de género y las víctimas tienen que saberlo. Debemos promover su confianza para que denuncien y para que, con la denuncia, accedan a la protección que ofrece el sistema.

Reconozco que tenemos que mejorar, y lo estamos haciendo a través de las leyes, como la ley de violencia contra la infancia que prohíbe la aplicación del SAP (síndrome de alienación parental), a través de la formación, que debe ser permanente y constante, para mejorar el conocimiento sobre el fenómeno criminal de la violencia de género, y a través de un mejor acceso a la Justicia que haga que las víctimas encuentren un entorno seguro y amable, para que sientan la confianza para denunciar. Tenemos un sistema institucional preparado, también gracias a las comunidades autónomas, para dar respuesta a las víctimas y tenemos que trabajar para que esa respuesta sea lo más eficaz posible.

– ¿Qué labor desempeña el Ministerio de Justicia en la actualidad a favor de la igualdad?

La Justicia está íntimamente ligada a la igualdad, a la libertad y emancipación del ser humano, valores superiores de nuestra democracia. Por tanto, las políticas y las actuaciones que desarrollamos desde el Ministerio de Justicia están informadas e inspiradas en el feminismo.

La Justicia tiene mucho que aportar, comenzando por la promoción de normas de calidad, de normas que promuevan la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Por eso, he encargado a la Comisión General de Codificación que elabore una ley integral contra la trata, que aborde no solo los aspectos penales de todo tipo de tratas, sino también los aspectos procesales, en materia de extranjería, social y de reinserción.

Como he comentado, desde el Ministerio de Justicia estamos desarrollando el Plan Justicia 2030 en el que el compromiso con la igualdad y con el empoderamiento de las mujeres está muy presente. Además, trabajamos para reforzar la protección, atención y recuperación de las víctimas de violencia de género, así como la de sus hijas e hijos, creando más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y mejorando la coordinación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con los servicios sociales y especializados.

Y con la idea de que la libertad de la mujer esté en el centro de las medidas, hemos elaborado el Protocolo de Actuación Médico Forense ante la Violencia Sexual para ofrecer una respuesta forense de calidad, respetuosa con la situación de la víctima y que incorpora los avances tecnológicos y ético-legales en la recogida y conservación de muestras biológicas. Este Protocolo está acompañado de un novedoso kit para la toma de muestras de ADN de las víctimas de delitos contra la libertad sexual.