
El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha comparecido esta mañana en representación de las universidades públicas en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz. En su intervención ha planteado la necesidad de introducir enmiendas de consenso a los presupuestos que garanticen la suficiencia financiera del sistema universitario público y el cumplimiento del modelo de financiación.
En este sentido, las universidades han reclamado que el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 garantice la financiación para el funcionamiento ordinario, que debería alcanzar los 1.875 millones de euros, frente a los 1.836 millones previstos. Una diferencia de al menos 39 millones de euros, referida solo a gastos de personal y de funcionamiento.
En una intervención consensuada por los rectores y la rectora de las diez universidades públicas, las instituciones académicas han reconocido la disposición al diálogo de la nueva Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación y el incremento de la financiación ordinaria. Sin embargo, han advertido de que este aumento sigue sin cubrir la subida real de los costes. Así lo evidencian los datos disponibles, según los cuales nueve de las diez universidades cerraron 2024 con un déficit agregado de casi 24 millones, y 2025 con cerca de 44 millones, lo que evidencia una infrafinanciación estructural. Las universidades han subrayado que la eficiencia en la gestión es necesaria, pero no puede sustituir a una financiación suficiente.
Más allá de la cláusula de salvaguarda
Las universidades han destacado los aspectos positivos para la autonomía universitaria introducidos por el actual modelo de financiación aprobado en 2023, pero reclaman aplicarlo en su totalidad. En esa línea, insisten en que para cumplir la cláusula de salvaguarda en 2027 se requiere una financiación adicional de 15 millones. Una cifra que se eleva a los 39 millones al añadirle la estimación necesaria para atender la actualización del capítulo II, de gastos de funcionamiento y suministros, que no se ha realizado desde el año 2023, incumpliendo así lo exigido por el modelo.
En otro orden de asuntos, las universidades públicas también han solicitado implementar el mecanismo de nivelación, un plan plurianual de inversiones en los campus, la eliminación de los intereses de los préstamos públicos, y una compensación específica y transparente de las bonificaciones de matrícula. Además, han alertado de la caída de los recursos destinados a investigación, que pasan de 158 a 127 millones, caso un 20 % menos.
Cuatro compromisos y el horizonte del 1 % del PIB
En su intervención, las universidades públicas han demandado cuatro compromisos a la administración andaluza: culminar el segundo reparto de la financiación de 2026; revisar la cota autorizada de personal; incorporar en 2027 los recursos para garantizar la suficiencia financiera; y acordar una hoja de ruta estable para bonificaciones, nivelación, infraestructuras e investigación.
Asimismo, han recordado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario fija el objetivo de invertir al menos el 1 % del PIB en universidad pública. En Andalucía equivaldría a 2.274 millones de euros, mientras que el presupuesto de 2027 se sitúa en torno al 0,8 %. Por último, las instituciones de educación superior han defendido que Andalucía necesita universidades públicas sólidas y sostenibles, con capacidad para afrontar los retos del futuro.




