Las universidades públicas de Andalucía asistimos con preocupación a los recientes ataques a la autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y contra los gobiernos electos de nuestras instituciones, que si bien no son nuevos en la historia de nuestro país, constituyen una grave amenaza para la convivencia, la democracia y las libertades.
Nuestras universidades son parte inalienable de las instituciones democráticas de las que nos dotamos mediante la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de los cuales emanan nuestra misión y función social.
Los campus universitarios son los pilares sobre los que se asienta la generación del conocimiento que hace avanzar nuestra sociedad, y en ellos se desarrolla la actividad y la vida universitaria en un clima académico, que promueve el desarrollo personal, profesional y cívico de la comunidad universitaria.
En esta, la casa del conocimiento, tienen cabida todas las ideas defendidas con rigor y respeto, y todos los debates académicos, científicos y de interés social que contribuyan al progreso de nuestra tierra. Pero no es el caso de los discursos de odio, la mentira, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor, que no están amparados por la libertad de expresión.
La universidad pública es un espacio de libertad, de igualdad e inclusión, de cultura, de valores cívicos y democráticos, de justicia social. Motivo por el cual la nueva ola reaccionaria ha situado en la diana de sus ataques a nuestras instituciones, como ya hicieran en el pasado.
Como instituciones fundamentales de nuestra democracia, las universidades públicas no podemos ni debemos permanecer impasibles mientras avanza la crispación social, y se normaliza la violencia física y verbal contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los gobiernos estatal, autonómico y locales a impulsar un diálogo público basado en el respeto, la verdad y el interés general. Y para lograrlo resulta necesario y urgente, entre otras acciones, acometer la regulación de las redes sociales que monetizan la polarización, las noticias falsas y los discursos de odio.
