María Dolores Márquez Carrasco, presidenta del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Andalucía, asegura que la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía se dirige a “prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas”. Según ha resaltado, el conjunto de medidas que se adoptarán ayudarán a mejorar la situación de “las personas que están en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad”. Entre sus novedades destacan, según la presidenta, del “establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía”

María Dolores Márquez ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación en el curso “Análisis de la futura ley de servicios sociales en Andalucía”, y que se imparte hasta el viernes dentro de la programación de la XIV edición de los cursos de verano que la Universidad Pablo de Olavide celebra cada año en su sede de Carmona.

La responsable del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Andalucía ha participado en una mesa redonda titulada “La nueva ley desde el enfoque de las Ciencias Sociales”, junto a Reyes Casares Ordoñez, presidenta de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y Gonzalo Cañestro Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Trabajo Social y presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social. En este debate se ha analizado el anteproyecto de Ley teniendo como punto de referencia a los ciudadanos.

La presidenta expone que las diferentes ayudas de la Ley serán reguladas mediante un catálogo de prestaciones que definirán las características y condiciones de los diferentes servicios, prestando especial atención a las personas en “situación de urgencia personal, familiar o social”, consiguiendo un conjunto de leyes que tratan de “preservar la salud”.

La representante del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Andalucía sostiene que  la Ley está plenamente orientada a la “participación e implicación” de la ciudadanía, buscando que la sociedad se “fortalezca” y pueda hacer frente a “situaciones difíciles”. Esta Ley recoge además, una serie de prestaciones destinadas a que las personas dependientes obtengan una mayor “atención y protección”.

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales sustituirá a la que se encuentra  actualmente en funcionamiento y que data de 1988. María Dolores Márquez sostiene que era necesaria una revisión, puesto que se ha producido una “transformación social en Andalucía en los últimos años” que ha producido unas “realidades y demandas sociales”. Sostiene la presidenta que esta ley sirve para “conservar y mejorar los servicios” y para “adoptar los mecanismos necesario de prevención y de adaptación a las necesidades actuales, otorgando un enfoque global e interdisciplinar”.

Para acceder a estos derechos se deben cumplir una serie de requisitos entre los que destaca, según María Dolores, la situación socioeconómica y alerta que desde “hace años esta sociedad viene sufriendo”. Añade que la calidad de las prestaciones “quedará garantizada” y que esta Ley traerá como novedad la libre elección del profesional que “mejor se adapte a la demanda planteada”.

Para concluir, la presidenta del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Andalucía ha mostrado las características de la Tarjeta Social Digital, que pretende dar “continuidad y coherencia al itinerario de intervención social”. Según ha manifestado, será diferente de la tarjeta sanitaria, debido a que no pretende “estigmatizar y diferenciar a las personas beneficiarias de esta tarjeta social”.