Hacer de la legislación urbanística una herramienta útil, ágil y eficaz. Este es el reto al que se enfrenta la Administración autonómica, que en la actualidad prepara la nueva ley que vendrá a sustituir a la actualmente en vigor y que precisamente ayer superó uno de los trámites importantes al obtener el dictamen favorable del órgano de participación de la Consejería en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Alejandro Márquez Llordén, director general de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha resumido en cuatro los objetivos fundamentales: “agilizar y simplificar los trámites, avanzar en el desarrollo sostenible a través del planeamiento, contribuir a la reactivación económica desde la sostenibilidad y profundizar en la autonomía local”, ha enumerado.
Márquez Llordén ha hecho estas declaraciones en el contexto del curso ‘Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía’ que, bajo la dirección de Álvaro Sánchez Bravo, profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, ha clausurado el propio director general con la conferencia titulada ‘La Administración andaluza ante los nuevos retos del urbanismo sostenible’. El seminario se ha desarrollado desde el pasado lunes en la sede Olavide en Carmona – Rectora Rosario Valpuesta dentro de la programación de la XVI edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide.
A juicio del director general, el principal reto para un urbanismo sostenible es precisamente “hacer del planeamiento urbanístico una herramienta realmente sostenible, impregnado de la búsqueda del principio de sostenibilidad”, para lo que aboga por ofrecer “respuestas urgentes” que acaben con situaciones como trámites que se alargan hasta una década para aprobar o revisar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), “lo que hace que esa reforma nazca ya obsoleta” o “residenciar en los municipios, que son los que tienen las principales competencias, ciertas decisiones”, ha explicado.
Sobre los errores cometidos en el pasado por el sector urbanístico, el responsable autonómico del ramo ha asegurado que el anteproyecto “adopta medidas que van a hacer difícil que se repitan”. No obstante, ha añadido que “Andalucía viene adoptando medidas desde hace tiempo –antes incluso de que estallara la crisis y la burbuja inmobiliaria- que han venido a corregir los excesos que se han cometido en España y que tienen una singularidad en nuestro entorno porque la crisis económica ha tenido una especial vinculación con el sector de la construcción”. En este sentido, ha subrayado que la comunidad autónoma “reaccionó” con medidas como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), “que limitó los crecimientos” o el decreto de protección del corredor del litoral, actuaciones urgentes que se adoptaron “para limitar algunos de los despropósitos que se estaban proponiendo en aquel contexto”.
Por último, Alejandro Márquez ha señalado que la Junta de Andalucía “ha apostado por el diálogo, el entendimiento y la búsqueda del mayor consenso posible desde el minuto uno”, para lo cual se vienen celebrando “reuniones permanentes con todos los actores que intervienen en el urbanismo, empezando por los municipios y continuando por empresarios, ecologistas, colectivos profesionales, consumidores, sindicatos, etcétera”. Sobre la situación actual del texto normativo, el director general ha aclarado que debe superar ahora una serie de trámites internos en la Administración antes de pasar al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, que son “los grandes hitos por los que tiene que discurrir aún la tramitación de esta ley”.
