Naiara Berasategui Sancho, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y Leire Darretxe Urrutxi, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Una de las polémicas que ha suscitado el nuevo proyecto de Ley de Educación (LOMLOE) deriva de su disposición adicional cuarta respecto a la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

En el curso 2018-2019 en España había 37 136 alumnos matriculados en centros de educación especial, el 0,45 % de la población escolar –8,17 millones de alumnos/alumnas–, el 59,6 % en 191 colegios públicos y el 40 % restante en 280 centros concertados. Las ratios no ayudan a que reciban la atención que necesitan.

El debate generado apunta a la situación de los centros de educación especial frente a la educación inclusiva. Concretamente, la ley recoge lo siguiente:

El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

El Gobierno ya ha hecho público un documento en el que deja claro que los centros de educación especial no cerrarán. La LOMLOE facilitará la libertad de elección de las familias por el régimen más inclusivo que atienda a las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Sin embargo, es importante entender que se trata de una ley marco que cada comunidad autónoma tendrá que reforzar con políticas que favorezcan la inclusión de este tipo de alumnado –mayores recursos económicos y humanos–.

La inclusión es un derecho y debemos replantear las políticas, las culturas y las prácticas educativas, acometiendo este reto desde el liderazgo distribuido, contando con todas las partes implicadas (familias, alumnado, profesionales y otros agentes comunitarios) y creando verdaderas alianzas para que este tipo de educación sea realmente un derecho para todas las personas.

Como investigadoras y profesoras –llevamos más de una década trabajando en este tema– hemos aprendido que para desarrollar entornos más inclusivos es imprescindible el trabajo colaborativo y participativo.

Los centros educativos ordinarios necesitan recursos

Es necesario que los centros educativos ordinarios cuenten con más recursos, y que estos sean diversos y plurales es positivo y supone un avance, pero resulta insuficiente si esto no va unido a una cultura y prácticas inclusivas.

Si se quiere que los centros sean diversos, y esa diversidad se entiende como riqueza, es necesario que se atienda a las diferentes necesidades de todo el alumnado y se genere y se trabaje para una educación de calidad donde todos los alumnos sean tenidos en cuenta y se respete su derecho a la educación. Asimismo, la importancia de crear espacios seguros para todos/as resulta fundamental.

Teniendo en cuenta el papel clave de la escuela para la creación de redes y como espacio de encuentro donde se desarrolla la amistad, es relevante cuidar este aspecto, para que incluir suponga también cuidar a todo el alumnado y que este no se sienta marginado o separado por su condición, sea cual sea.

Situaciones de discriminación

Conocemos realidades donde madres y padres con la mejor intención han llevado a sus hijos/as a escuelas de educación especial porque se han sentido en situación de discriminación en la escuela ordinaria (porque la escuela ordinaria en algunos casos no está preparada para dar respuesta a sus necesidades), y esto no debería ocurrir.

La ley tiene que avanzar en estas políticas, pero resulta insuficiente si no se ponen los mecanismos necesarios para que en los centros educativos la diversidad no sea una utopía.

¿Cómo garantizamos que las escuelas sean inclusivas y respondan a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación? Es necesario tener conciencia de esto y trabajar en los centros por y para fomentarlo y la ley también debería desarrollarlo aportando más recursos y estrategias de actuación y modos de evaluación.

Podemos analizar las lecciones aprendidas en otros países para creer que es posible una respuesta educativa de calidad y “transitar desde un modelo dual de escolarización hacia un modelo único, próximo a la ambición de una plena inclusión”.

Queda camino por recorrer

Por eso creemos que, aunque a nivel teórico estemos en postulados inclusivos, las realidades de nuestros entornos educativos distan en muchos casos de este postulado y queda camino por recorrer.

Debemos cambiar los contextos educativos en base a las necesidades de todo el alumnado, eliminando barreras para crear escuelas en donde todas las personas sean bienvenidas y se potencien al máximo de sus capacidades.

Desarrollemos escuelas ordinarias, en las que la diversidad sea un valor, contando con los recursos necesarios y caminando junto al saber y experiencia de profesionales que llevan muchos años respondiendo al alumnado con discapacidad.

A nuestros hijos e hijas les debemos un mundo en el que situaciones de exclusión queden en la historia. En definitiva, nos situamos a favor de la campaña “Educación Inclusiva. Quererla es crearla” y necesitamos avanzar hacia la transformación y mejora del sistema educativo.

Naiara Berasategui Sancho, Profesora en el Departamento de Didáctica y Organización escolar, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y Leire Darretxe Urrutxi, Inclusión Educativa y Social, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.