Jesús Maeztu, defensor del Pueblo Andaluz, vuelve a dar la voz de alarma sobre un “problema social grave y una realidad de difícil comprensión muy presente en nuestra sociedad”: la violencia que los hijos ejercen sobre los padres, un fenómeno conocido como violencia filioparental. Y no es la primera vez. La institución que dirige, que engloba también al defensor del Menor de Andalucía, lleva alertando del auge de este asunto desde 2005 en su Informe Anual al Parlamento, recuerda.
Maeztu ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación en el curso “Violencia filioparental: intervención integral”, que se está celebrando en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y que durante toda la semana abordará este fenómeno bajo la dirección de Antonio Reina, educador social y socio fundador de Mentoris. El defensor ha participado en una mesa redonda, con la ponencia titulada “La violencia filioparental como problema social”.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial citados por Jesús Maeztu, el número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por casos de este tipo de violencia ha aumentado un 60% en sólo cinco años en nuestra comunidad autónoma, al pasar de 302 resoluciones judiciales en 2007 a 510 en 2013. Un incremento que viene a ratificar la Fiscalía General del Estado a través de sus memorias anuales, que recogen cómo se ha pasado de 2.683 denuncias por violencia filioparental en 2008 a 4.936 casos en 2013, alcanzándose el año anterior un pico de 5.377 denuncias registradas. “Lo que se traduce en que el 16% de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres”, advierte.
Y la dureza de estos datos “no presentan, por sí solos, la dimensión del problema, ya que quedan excluidos aquellos supuestos que no han sido denunciados bien por miedo, ignorancia o cualquier otra razón”, explica el defensor del Pueblo. De hecho, reconoce que el primer hándicap que se encuentra para prevenir este tipo de conductas es “la ausencia de datos sobre esta realidad más allá del ámbito penal” al ser la violencia filioparental “la forma más escondida y estigmatizada de violencia en el seno de una familia”, lo que provoca que “resulta muy difícil determinar con exactitud la incidencia real del problema”.
En cualquier caso, Maeztu considera que cuando se detecten los primeros comportamientos inadecuados o violentos del menor, desde el ámbito educativo, social o de salud, “sean valorados como indicadores de una disfunción en la relación entre padres e hijos”, ya que una intervención “en su estadía más inicial puede limitar el agravamiento de la situación y mejorar la reconstrucción de la vida en familia afectada por el conflicto”. Asimismo, entiende que es “necesario y urgente” que las administraciones implanten “programas específicos y especializados” para atender estos conflictos con un abordaje “multidimensional” y, sobre todo, “en el seno personal y familiar del menor maltratador”. Todo ello acompañado de una formación en esta materia de los profesionales que trabajan con el menor y sus familias en los ámbitos social, educativo y sanitario. “Son casos que precisan tratamientos eficaces, equipos humanos especializados y, cómo no, la necesaria intervención de las familias en los procesos de reeducación”, argumenta. Además, la figura de la mediación familiar para estos supuestos “podría ser un instrumento válido para evitar y prevenir las denuncias”, añade.
En cuanto al origen de estos casos, el defensor del Pueblo Andaluz explica que la violencia filioparental está presente “en familias de todos los niveles socioeconómicos, si bien se han descrito diversos patrones, en cuanto a la educación y atención de padres a hijos, que pueden abocar en violencia de hijos a padres”. Por un lado, define el “estilo autoritario”, en el que los padres “son muy exigentes con sus hijos y, al mismo tiempo, muy poco atentos a sus necesidades de apoyo y atención”. Por otro, el “modelo indulgente ante actuaciones incorrectas del hijo” y, por último, el “estilo negligente, donde predomina la ausencia de afecto y la debilidad en el establecimiento de límites”.
Para el defensor del Menor de Andalucía, es importante diferenciar tres tipos básicos de hijos maltratadores. En primer lugar, los que han caído “en algún tipo de adicción (a las drogas, al juego o al alcohol); los menores que han recibido una educación excesivamente permisiva y no aceptan las reglas sociales, careciendo de principios y valores morales; y aquéllos que padecen algún tipo de trastorno de conducta”. No obstante, estos tres tipos de maltratadores “se solapan unos con otros”, puntualiza.
Cuestionado sobre el perfil que presentan los menores que agreden a sus progenitores, Jesús Maeztu recuerda los datos de las investigaciones que concluyen que durante la adolescencia es cuando hay mayor incidencia, sobre todo, entre los 15 y 16 años. Además, afecta por igual a chicos y chicas, siendo la única diferencia el tipo de violencia hacia sus padres, de manera que los chicos emplean la violencia física y las chicas, normalmente, la verbal. Una serie de rasgos que parecen ser comunes a estos menores agresores es la baja tolerancia a la frustración y el egocentrismo, concluye el defensor.
