El Defensor Universitario, Carlos Alarcón, presentó durante el último Claustro los informes de los dos últimos cursos académicos de esta unidad, encargada de mediar y conciliar ante posibles conflictos, así como de velar por los derechos de profesorado, estudiantes y personal técnico y de administración (PTGAS). Durante el curso 2023/24, la Defensoría Universitaria de la Pablo de Olavide tramitó un total de 74 expedientes, en los que hubo 39 quejas, 34 consultas y una mediación. Su responsable, catedrático de Filosofía del Derecho, hace balance en esta entrevista de los principales retos enfrentados, las inquietudes más recurrentes de la comunidad universitaria y las propuestas para seguir mejorando la convivencia y los derechos en el ámbito académico. Además, reflexiona sobre el papel de la Defensoría como puente entre los diferentes colectivos de la universidad y su visión para el futuro.
El informe destaca una disminución en el número de expedientes gestionados en comparación con años anteriores. ¿A qué cree que se debe esta tendencia?
La disminución no es significativa, ronda el 10%. Realmente, el número de expedientes no está apenas oscilando en los últimos años, en algunos años hacia arriba y en otros hacia abajo. No se puede hablar por tanto de una tendencia.
Las quejas han supuesto un mayor porcentaje de los expedientes gestionados a lo largo del curso 2023/24. ¿Podría comentarnos las razones más frecuentes? ¿Qué aporta la Defensoría para que no sea necesaria la intervención de la Justicia?
Nos encontramos con un conjunto de quejas muy heterogéneo. A veces respecto a un órgano o servicio concreto, a veces respecto a una persona concreta, y a veces con un destinatario indefinido. Ciertamente una de nuestras funciones, al menos implícitas, es evitar la carga que constituye, tanto para las personas concretas como para las instituciones, el recurso a los Tribunales ordinarios de justicia.
De los conflictos gestionados, ¿cuántos se han resuelto positivamente? ¿En qué situaciones diría que alcanzar un consenso es factible o muy complicado?
Un porcentaje bastante alto de los conflictos que llegan se han resuelto favorablemente. En general desde la Defensoría estamos satisfechos de la respuesta que recibimos de las personas a las que nos dirigimos. El consenso se alcanza en la mayoría de los casos, aunque es cierto que algunas veces resulta muy difícil de conseguir.
La Universidad cuenta desde 2023 con una normativa, y una comisión de convivencia, que consagran la mediación como medio preferente para resolver conflictos. ¿Cómo podría fomentarse su uso dado el bajo número de casos gestionados por esta vía?
Me parece que la creación de la comisión de convivencia puede ser un buen punto de partida para concienciar de la utilidad de la mediación como forma de resolución de los conflictos. Confío en que en los próximos años quienes lleguen a la Defensoría entiendan con más frecuencia que es muy aconsejable acudir a ella.
El estudiantado es el colectivo que más acude a la Defensoría, ¿cómo valora las preocupaciones planteadas?
Aunque el estudiantado es el colectivo que más nos llega, no lo hace por mucha diferencia respecto a profesorado y PTGAS. Y, a diferencia de lo que se pueda pensar, los conflictos respecto a calificaciones no son mayoritarios. Hay un abanico muy amplio de quejas. Si se tiene interés se puede acudir a las memorias anuales, públicas en la web, que lo reflejan.
La aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) deja a los Estatutos de cada institución decidir cómo será la estructura, el funcionamiento y la elección por el Claustro de la Defensoría. ¿Ve una oportunidad para incorporar cambios?
Pienso que en general nuestra regulación es correcta. Quizás fuera necesario, si existe disponibilidad presupuestaria, crear la figura del Defensor adjunto, como hacen bastantes universidades.
¿Cómo evalúa la percepción que tiene la comunidad universitaria sobre el papel de la Defensoría? ¿Qué acciones podrían mejorar su visibilidad y confianza?
Pienso sinceramente que la comunidad universitaria tiene buena opinión de la Defensoría. Así se infiere desde luego de la forma en que se ha manifestado en los últimos años el claustro al respecto. Pero es también cierto que entre todos deberíamos hacer un esfuerzo por hacer conocer, sobre todo a los estudiantes, la posibilidad de acudir a nosotros.
¿Qué papel desempeñan redes como la andaluza REDUAN o CEDU, a nivel estatal, en el fortalecimiento de la labor de la Defensoría Universitaria y cómo estas colaboraciones impactan en la mejora de las prácticas internas?
La CEDU y REDUAN son importantísimas de cara a la toma de decisiones de las Defensorías en muchos temas complicados. Proporciona mucha seguridad conocer que han hecho los compañeros en situaciones similares. Ojalá podamos intensificar nuestra interrelación en los próximos años.
Nombrado comisionado en 2015, y elegido por el Claustro en 2016, este año cumplirá una década al frente de la Defensoría. ¿Qué logros destacaría en estos diez años?
Para mí ha sido difícil estar a la altura de mis antecesores, Cinta Canterla, Eduardo Gamero y Juan Daniel Ramírez, a su vez tan respaldados por nuestro fundamental apoyo administrativo durante casi quince años, Rosalía Cansino. Espero haberlo conseguido. Yo estoy muy satisfecho de lo que hemos logrado desde el punto de vista de favorecer la convivencia en la universidad y de alertar ante el incumplimiento de las normas.
De cara al curso 2024/25, ¿cuáles son las principales prioridades de la Defensoría Universitaria?
Son bastantes, pero citaría sobre todo tres: la batalla drástica contra cualquier tipo de acoso, la lucha por conseguir unas condiciones de trabajo dignas para determinados grupos de docentes, tradicionalmente preteridos, y la concienciación de todo el PDI del cumplimiento estricto de las normas sobre la docencia y la relación con los estudiantes.
